Entraînement Baccalauréat Esapgnol

Prêt pour le baccalauréat ?

Si c'est le cas, entraînez-vous une dernière fois en traduisant ( à l'oral ) ces différents textes d'espagnols de façon à comprendre les grandes idées. Par la suite, réaliser une introduction, les idées principales de chaque textes et votre opinion dans un temps imparti de 15mn pour chaque texte.

Bon courage !

Articulo 1

“Católica o no, la mujer debe ser libre de decidir si aborta”

La presidenta de una organización de mujeres creyentes teme la reforma de

la ley de interrupción voluntaria del embarazo que prepara el Gobierno

María R. Sahuquillo Madrid 18 DIC 2013 - 20:37 CET220

Mar Grandal escucha la pregunta y se ríe. “¿Que cómo se puede ser feminista y católica?

Porque soy católica. Y creyente. Y porque el feminismo lucha por la justicia social, es

liberador, sanador y cuestionador. Jesús cuestionó el sistema en todo momento. No tuvo

miedo de la libertad, por eso lo mataron. Siempre se rodeó de mujeres, que fueron sus fieles

seguidoras. Las trató como a iguales. Las dignificó”, expone de corrido. De hecho, recalca,

fue una mujer, Magdalena, quien anunció su resurrección. “Y nunca dudo de él. ¿Quiénes lo

enjuiciaron y condenaron? Hombres. Las mujeres nunca lo abandonaron”.

Esas palabras sirven de presentación para Grandal (Marín, 1959), presidenta de Católicas por

el Derecho a Decidir en España. Su organización, minoritaria en este país, pero grande en

América Latina, respalda la educación sexual y afectiva, el uso de anticonceptivos y el

derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo. Es decir, el derecho al aborto. Y lo defiende,

afirma, con los argumentos de la Iglesia. “Nos basamos en la doctrina del probabilismo, un

principio del siglo XVII que dice que donde hay duda hay libertad. Y una norma moral sobre

la que hay dudas razonables no puede imponerse como si fuera cierta. Y el aborto no es un

dogma, no es infalible”, dice.

Ceramista y artesana, casada y madre de un hijo, Grandal, que estudió Graduado Social y más

tarde Teología, es profundamente didáctica: “Además, defendemos la libertad de conciencia,

un argumento de la tradición católica que apunta que la conciencia es el reducto más interno,

donde está Dios. Por tanto, si una mujer, teniendo en cuenta esa libertad de conciencia, decide

abortar ¿quién es nadie para juzgarla? Católica o no, debe ser libre para decidir. Nadie puede

violar esa conciencia. Yo no creo en un dios juzgador, sino en un dios misericordioso,

amoroso, que comprende la situación de cada mujer. Ni siquiera Jesús culpabilizó ni juzgó a

las mujeres”, zanja.

—Pero la jerarquía católica ha dicho varias veces que el aborto es un asesinato…

—Un feto no es una persona. ¿Por qué consideran eso un asesinato y no se preocupan del

cuidado del ecosistema que hace que fetos y personas mueran. Si tanto defienden la vida, ¿por

qué no salen a la calle cuando una mujer es víctima de violencia de género? Nosotras sí somos

provida. Ellos son movimientos antiderechos.

Grandal, que defiende la laicidad del Estado como la fórmula para garantizar la libertad y los

derechos de las mujeres, está preocupada por el “retroceso” que supondrá la reforma de la ley

del aborto que prepara el Gobierno. Una nueva norma que se prevé más restrictiva que la

actual y con la que, si se cumplen los anuncios, las mujeres tendrán que justificar su elección.

“Estarán violando las conciencias de las mujeres, su decisión. No se puede tolerar que las

mujeres seamos tuteladas. Es trasladarnos al medievo”, dice. “Pero esto es signo de que el

patriarcado está herido, y ante eso lo que hace es atacar de nuevo. Estamos respirando de

nuevo el Nacionalcatolicismo”, abunda.

"Jesús trató a las mujeres como iguales. Las dignificó"

Se sirve un poco más de leche en el té y recuerda que en su época de estudiante de Teología

iba mucho a la cafetería que ha escogido para desayunar con sus con sus compañeros de clase.

“Nos sentábamos con un café a pasar la tarde. A cuestionar y a cuestionarnos”, dice. Habla

con cariño de aquellos años. Explica que proviene de una familia profundamente católica y

que terminó estudiando Teología tras pasar por los Kikos, desengañarse y abandonar el

movimiento. “Salí de ahí escandalizada, pensando que si Dios era eso lo dejaba por completo.

Pero estudiando, aprendiendo de mis profesores, de los compañeros, me encontré con el Dios

en el que yo creía; el Dios de la vida que se manifiesta en los más pobres”, dice.

A pesar de los vientos de cambio que parecen soplar desde el Vaticano, es cauta con la llegada

del papa Francisco. “Ha entrado muy bien, pero hay que ver si lleva a la práctica lo que dice.

Está siendo evangélico, porque evangélico quiere decir buena noticia, liberación y no tortura.

Los dos anteriores [Juan Pablo II y Benedicto XVI] eran lo contrario, eran directamente

antievangélicos. No me importa decirlo, si algo tenemos las católicas es plena libertad de

palabra”, señala fijando la vista.

No le satisface, sin embargo, que el Papa que habla de pobreza, que pregunta a sus fieles, que

cree que no se debe juzgar a los gais no se plantee abrir la puerta al sacerdocio femenino:

“Eso es negar la igualdad y nosotras queremos una Iglesia igualitaria. No una en la que la

mujer conserve el rol que se le ha dado durante años: limpiar, servir y cuidar. Francisco

debería pedir perdón a todas las mujeres. Apartadas, invisibilizadas durante siglos”.

Articulo 2

Venezuela busca limitar en la prensa las noticias sobre inseguridad

La Fiscalía quiere sancionar al diario 'El Universal' por una fotografía en la

que aparecía el brazo de un cadáver

Ewald Scharfenberg Caracas 18 DIC 2013 ‐ 03:09 CET 64

Este martes se conoció en Caracas que la Fiscalía General de Venezuela ha solicitado a un

juez que prohíba al diario El Universal de la capital venezolana seguir cubriendo

informaciones sobre crímenes e inseguridad. De acuerdo a los representantes del ministerio

público, el medio habría incurrido en violaciones de las normas de protección a los menores

de edad y contribuido a generar “desestabilización en la población venezolana” al publicar en

su portada del pasado 20 de noviembre la fotografía del cadáver, yaciente sobre la vía pública,

de un ciudadano que había sido asesinado.

La imagen no mostraba el cuerpo de la víctima sino uno de sus brazos. El fallecido era

Lobsang Rodríguez, un ingeniero de 28 años que trabajaba para la filial en Venezuela de un

laboratorio farmacéutico alemán. Rodríguez fue secuestrado la noche del 18 de noviembre a

las afueras de Caracas por miembros de una banda delictiva que pretendían cobrar rescate

mediante la modalidad de secuestro express, un tipo de delito muy extendido en las ciudades

venezolanas. Poco después, sin embargo, en una calle de la urbanización La Florida (noreste

de Caracas), una comisión de la policía interceptó a los captores que, al recibir la voz de alto,

iniciaron un intercambio de disparos. En medio del tiroteo, según la versión oficial de la

policía, el rehén habría intentado escapar pero una bala lo alcanzó para cobrar su vida.

El cadáver pasó varias horas en la calle a la espera del levantamiento legal. Allí lo captó un

reportero gráfico de El Universal, cabecera que utilizó la imagen para abrir su edición del día

siguiente. La instantánea, aunque con claro propósito informativo, intentaba hacer una

composición artística del desgarrador escenario y se limitaba a incluir en su encuadre el brazo

extendido de la víctima junto al hilo de sangre que corría en paralelo sobre el asfalto.

La inseguridad es uno de los principales azotes que aquejan a una sociedad venezolana y, de

por sí caótica. Los índices de muertes por asesinato en el país están entre los más altos del

mundo y constituyen una constante preocupación para los ciudadanos, según revelan los

estudios de opinión. En la medida que amenaza con pasar a ser un reclamo social con

incidencias políticas, el Gobierno de Nicolás Maduro –como antes, el de Hugo Chávez- toma

nota del problema del crimen aunque, según se muestra incapaz o poco dispuesto para

controlarlo, va prefiriendo restringir la difusión de noticias sobre ese tema.

A la publicación de El Universal respondió el propio presidente Maduro, quien la criticó con

acritud. El ministro del interior, Miguel Rodríguez Torres –militar, responsable de la

seguridad pública-, afirmó que la foto "merece indudablemente una acción legal (…) y vamos

a hacer toda la fuerza necesaria para que esto ocurra".

Así que, el 27 de noviembre, los fiscales Carolina González y Ramón Liscano presentaron

ante el Tribunal 11 de Protección de Niños y Adolescentes un escrito en el que solicitaron una

sanción financiera contra el diario. La multa, de ejecutarse, equivaldría al uno o dos por ciento

de las ventas brutas completadas por el medio durante el año 2012. Además, piden que se

prohíba a El Universal “la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier

tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física, imágenes que

utilicen contenidos de guerra y mensajes sobre muerte y decesos que puedan alterar el

bienestar psicológico de los niños".

A pesar de que en la estructura institucional del Estado venezolano figura como parte de otros

poderes, la Fiscalía General de Venezuela está de facto subordinada al Ejecutivo. Su titular,

Luisa Ortega Díaz, ya propuso en agosto de 2010 ante la Asamblea Nacional una pretendida

Ley de delitos Mediáticos para coaccionar al periodismo independiente. La iniciativa naufragó

pronto frente a las protestas de organizaciones gremiales y de defensa de la libertad de

expresión, tanto locales como internacionales. Pero eso no impidió que, después, funcionarios

de la Fiscalía obtuviesen de diversos tribunales medidas de silenciamiento de medios

opositores. Un ejemplo claro se dio en 2011, cuando un juez impidió temporalmente a los

diarios capitalinos El Nacional y TalCual publicar fotos de la sección de sucesos –la

denominación local de la cobertura de crímenes y judiciales- después de que mostraran en sus

respectivas primeras páginas imágenes del desbordamiento de cadáveres en la principal

morgue de Caracas.

La medida parece formar parte de una embestida general contra los medios, cada vez más

arrinconados por el Gobierno de Maduro. Plataformas informativas como la televisora

Globovisión - con nuevos dueños desde mediados de año - y Noticias24, el mayor agregador

de noticias en línea, han virado sus líneas editoriales recientemente para destacar las notas

favorables a las autoridades gubernamentales.

Hace pocos días, el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Julio

Chávez, diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dio a conocer

que la bancada chavista se propone discutir y aprobar desde enero próximo una nueva Ley de

Comunicación y Periodismo. El texto unificaría los controles y sanciones previstos en

diversas normas ya vigentes –como las leyes de Responsabilidad Social de Radio y TV o la de

Comunicación Popular- para regular el flujo informativo.

El Universal, fundado en 1909, es uno de los diarios más antiguos de Venezuela. Se le tiene

por un medio de oposición, y no con poca frecuencia los presidentes Chávez y Maduro han

fustigado en público a su editor, Andrés Mata, que vive en Estados Unidos. El medio acaba de

lanzar un canal de televisión por Internet, eutv.com, cuya programación ha alojado a muchos

de los periodistas excluidos de Globovisión, el canal que servía como punta de lanza de la

oposición, tras cambiar de dueños.

Articulo 3

Jóvenes

El paro y las falta de políticas públicas de apoyo han llevado a la tasa de

emancipación juvenil a un nuevo mínimo histórico

Joan Boada I Masoliver 18 DIC 2013 ‐ 00:02 CET

Juventud divino tesoro, frase que no sé si se podría aplicar a los jóvenes en la actualidad. Su

futuro no parece divino y su único tesoro es el presente. Presente que, según los datos

aportados por el Observatori Català de la Joventut a partir de la encuesta de población activa

del tercer trimestre del 2013, es más bien un infierno.

Veamos: La tasa de paro de los jóvenes entre 16 y 29 años es del 36,1%, o sea 243.300

jóvenes sin trabajo en Catalunya, tasa que se dispara en el tramo más joven (16-19 años)

llegando al 67,4%, lo que demuestra la dificultad de encontrar el primer trabajo. La gravedad

persiste cuando el informe nos dice que solo el 11% de los jóvenes parados cobra algún

subsidio o prestación. Frente las pocas expectativas de encontrar trabajo, las personas jóvenes

deciden continuar los estudios (han aumentado un 9% en cinco años) pero se encuentran con

aulas masificadas, falta de profesorado, tasas de matrícula elevadísimas (las universitarias han

aumentado entre un 70% y un 300% en los últimos 6 cursos y se ha impuesto una tasa de 360

euros en la Formación Profesional).

La maldita austeridad se ceba en ellos: un 58% de los puestos de trabajo destruidos desde el

inicio de la crisis (2007) corresponden a puestos de trabajo ocupados por jóvenes. La tipología

del joven parado es hombre, en el tramo de edad más joven, extranjero y con un bajo nivel de

formación. Aunque algunos miembros del Gobierno central consideran que la ocupación

empieza a recuperarse, lo cierto es que en 2013 se ha llegado al máximo histórico de paro

juvenil de larga duración: un 19,3%. Este indicador no sólo cuantifica el porcentaje de

población joven activa que está desocupada y que busca trabajo desde hace un año o más, sino

que también sirve para medir el riesgo de exclusión social y el peligro de cronificación del

paro en ella.

Las políticas laborales de la derecha gobernante en España tampoco ayudan. La reforma

laboral del PP, tan elogiada por la alcaldesa de Madrid afirmando que “es la que más progreso

ha traído en la historia de la Humanidad”, ha creado el contrato de formación para jóvenes

que con una jornada de 30 horas semanales cobran 483 euros y el empresario tiene una

reducción de entre el 75% y el 100% de sus cuotas a la Seguridad Social en función del

tamaño de su empresa. ¿A ustedes les parece que este maltrato a los jóvenes hace progresar a

la Humanidad?

Ante este panorama no es sorprendente que la tasa de emancipación se sitúe a niveles de hace

10 años, alcanzando un nuevo mínimo. Según Eurostat, en España el 38% de las personas de

entre 25 y 34 años aun viven en el hogar de origen, frente al 1,9% de, por ejemplo,

Dinamarca. Estos datos confirman la falta de políticas de vivienda favorables: ayudas a la

emancipación, parque público de alquiler social, ventajas en el alquiler… Hace 10 años la

dificultad para emanciparse residía en el elevado precio de la vivienda, ahora han bajado los

precios, pero la precariedad y temporalidad laboral de los jóvenes ha aumentado.

Hace 10 años los jóvenes fueron atraídos por la burbuja inmobiliaria, con sueldos elevados

que les disuadía de continuar los estudios por el coste de oportunidad que les suponía. Fueron

útiles y los especuladores se sirvieron de ellos para amasar fortunas mediante su explotación.

Ahora están en la intemperie laboral. Jóvenes sin formación y sin trabajo que a menudo son

responsabilizados de sus carencias y tratados como fuerza de trabajo barata, una víctima más

del capitalismo. Así pues, no tienen ninguna posibilidad de plantearse vivir su vida de forma

independiente ya que la falta de empleo no les permite emanciparse, no pueden dejar la casa

de sus padres para establecerse por su cuenta y crear un proyecto de vida propio.

Nos encontramos ante una ‘generación perdida’, una generación que será la primera que

vivirá peor que sus padres, que obliga a muchos escoger el camino del éxodo, de una

emigración forzada a la búsqueda de opciones laborales y vitales que respondan a su

preparación y a su necesidad de emancipación, expectativas que no siempre se consiguen.

Cada vez son más los condenados a un éxodo silencioso y constante causado por la

desregulación del mercado laboral que los hace más vulnerables.

El aumento de la desconfianza que sienten y expresan los jóvenes hacia el sistema

socioeconómico y hacia la política no es más que la consecuencia de esta situación. No nos

debe extrañar. Creo que pueden y deben canalizar esta desconfianza en una fuerza

revolucionaria de cambio. Debemos evitar el conflicto generacional que algunos intentan

imponer, y han de saber que les ayudaremos a decir basta y a plantar cara en la calle, con los

medios y recursos disponibles para acabar con este maltrato. Debemos convencerles, si aún no

lo están, que el presente y el fututo está en sus manos, que está bien salir fuera para buscarse

la vida pero alguien tiene que quedarse para batirse contra esa derecha política, económica y

financiera que ahoga y violenta a nuestra juventud.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia

Articulo 4

Rajoy: “Esa consulta es inconstitucional y no se va a celebrar”

Van Rompuy: “Si una parte se independiza sale de la UE”

El Gobierno da mucho valor al apoyo del PSOE

Carlos E. Cué Madrid 12 DIC 2013 ‐ 22:20 CET 1770

Los partidos catalanes se van a encontrar con un muro muy alto. El que representa la suma del

PP, el PSOE y las instituciones europeas. Quiso la casualidad que el día clave del anuncio de

la consulta soberanista catalana coincidiera con una reunión en La Moncloa entre Mariano

Rajoy y Hermann van Rompuy, presidente del Consejo Europeo. El presidente del Gobierno

fue tajante: “Garantizo que ese referéndum no se va a celebrar. Es inconstitucional”. Pero aún

más claro fue Van Rompuy, que dejó de lado la diplomacia y le lanzó un cable político a

Rajoy muy importante: “Si una parte de un Estado de la UE se separa, desde el día de su

independencia ese territorio dejaría de ser parte de la UE, los tratados no se aplicarían.

Tendría que pedir el ingreso y eso es algo que tendrían que decidir todos, y repito todos, los

Estados miembros de la UE. Espero que España siga siendo un país unido. Toda mi carrera he

estado en contra de las separaciones en los países”.

El presidente del Consejo, que fue primer ministro de Bélgica, un país con graves problemas

de este tipo, llevaba escrito el texto y leyó incluso los artículos que avalaban su afirmación, en

un discurso claramente hablado con Rajoy.

El Gobierno, aunque públicamente no quería adelantar acontecimientos, en privado estaba

preparado para este momento. Aunque aún había una última esperanza de que los partidos

catalanes no lograran ponerse de acuerdo, en el fondo los estrategas de La Moncloa contaban

con una decisión de este tipo, aunque no tan rápida y contundente: pregunta y fecha antes de

que acabe el año. A partir de ahora la entrada en el Gobierno catalán de ERC también está en

la agenda de los asesores de Rajoy en este asunto. ¿Y después? La consulta se parará, 2014

será un año de gran tensión política y este proceso acabará probablemente en unas elecciones

plebiscitarias que La Moncloa augura para 2016, aunque nadie se atreve a hacer cálculos.

Lo más importante para el Gobierno en este momento es tranquilizar a su electorado y al ala

conservadora de su partido. Este jueves en el Congreso había diputados, unos pocos, que

planteaban que tal vez ha llegado el momento de usar el artículo 155 de la Constitución y

suspender la autonomía catalana. “Para algo se puso en la Constitución, para momentos como

este”, resumía uno. Sin embargo, en el Gobierno descartan esa opción. “No va a hacer falta”,

insisten. Hay muchas otras formas de parar esta ofensiva, y la más eficaz es la del Tribunal

Constitucional, repiten.

Por eso Rajoy quiso lanzar ese mensaje de tranquilidad a un electorado que está muy inquieto

con la crisis independentista, como recordó la semana pasada Ana Botella, alcaldesa de

Madrid y esposa de José María Aznar. Rajoy no quiso decir nada sobre el artículo 155 pese a

las preguntas reiteradas.

El presidente le dio incluso mayor solemnidad al transformar la respuesta en una especie de

declaración institucional leída ante Van Rompuy antes de dar paso a las preguntas, que por

primera vez en 10 años fueron realizadas por periodistas elegidos por la secretaría de Estado

de Comunicación y no por los informadores.

“Aunque no sea costumbre, permítanme que me refiera a un asunto que está hoy de

actualidad, y es el anuncio realizado por varios partidos catalanes de plantear una consulta de

autodeterminación. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar, es

inconstitucional y no se va a celebrar. Choca con el fundamento de la Constitución, que es la

indisoluble unidad de España. El Gobierno no puede negociar sobre algo que es propiedad de

los españoles, la soberanía. A los españoles corresponde decir qué es España y cómo se

organiza. Les garantizo que esta consulta no se celebrará. Eso está fuera de toda discusión ni

negociación”, aseguró el presidente. Esa era la consigna, y el mensaje repetido tanto por el

ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como por el portavoz parlamentario del PP,

Alfonso Alonso.

El Ejecutivo sigue convencido de que Artur Mas, que tiene una presión clara de Josep Antoni

Duran, no llegará a realizar una consulta no autorizada. “No daremos la imagen de una

consulta popular con urnas en las calles y con la Guardia Civil. CiU siempre ha dicho que

quiere una consulta pactada”, señaló en el Congreso Duran. El Ejecutivo se aferra a eso e

incluso algunos interlocutores señalan que ese es el pacto no escrito con Mas, que tiene una

enorme presión del gran empresariado catalán, al que La Moncloa está empujando. El

Ejecutivo confía así en que el presidente catalán acate la resolución del Constitucional que

impedirá la consulta y convoque elecciones.

Lo que no está claro es qué pasará el día después. El Gobierno sigue apelando a la

responsabilidad de Mas y no quiere hablar de la ciudadanía que presiona para esa consulta y

que se verá frustrada si no se realiza, lo que provocará un nuevo problema político. La

Moncloa atribuye toda la clave a Mas y CiU, y cree que si cambia de idea y la suaviza, los

catalanes, o al menos una buena parte, bajarán también sus expectativas. “Antes de abrir un

proceso apelo a la responsabilidad del presidente de la Generalitat y al compromiso político

que firmó de no violentar las leyes”, le espetó Rajoy desde La Moncloa.

En el Gobierno aseguran que Rajoy está tranquilo y le da una gran importancia a la posición

clarísima del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue de los primeros en asegurar

que la consulta no se celebrará. “Mi coincidencia en este asunto es total”, remachó Rajoy.

El presidente esquivó el asunto del artículo 155 de la Constitución: “No voy a entrar en

detalles de lo que vamos a hacer, les digo que no se va a celebrar. La soberanía española no es

negociable. No puedo ni quiero ni pretendo negociar, porque es disparatado”. También evitó

entrar en el problema del crecimiento de los independentistas, pero sí quiso lanzar un mensaje

amable a los catalanes: “No es cierto que en el resto de España no se quiera a Cataluña. No es

cierto que no se valore lo mucho que han aportado. Los saben los catalanes que viven fuera de

Cataluña. Lamento las iniciativas que alientan la división y fragmentan a la sociedad”.

La declaración de Rajoy

La declaración que ha hecho Rajoy de manera solemne en La Moncloa es la siguiente:

"Aunque no sea costumbre, permítanme que me refiera a un asunto que está hoy de actualidad

y es el anuncio realizado por varios partidos catalanes de plantear una consulta de

autodeterminación. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar, es

inconstitucional y no se va a celebrar.

Lo que han planteado esta mañana algunos partidos políticos de Cataluña es radicalmente

contrario a la Constitución y a la ley, esa iniciativa choca frontalmente con el fundamento

mismo de la Constitución que es la indisoluble unidad de la nación española.

Por lo tanto, el Gobierno que presido no puede autorizar ni negociar sobre algo que es

propiedad de todos los españoles. Solo al conjunto de los españoles, --el titular único de la

soberanía--, les corresponde decir qué es España y cómo se organiza, y nadie puede privarles

de ese derecho.

Ningún Gobierno puede ceder lo que corresponde a los españoles. Ni yo ni ningún presidente

del Gobierno puede permitir o consentir que se prive a los españoles de lo que la Constitución

y las leyes les garantiza.

Como presidente del Gobierno he jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes,

y por tanto les garantizo que esta consulta no se celebrará. Eso está fuera de toda discusión y

de toda negociación.

Desde el Gobierno hemos trabajado siempre por el fortalecimiento de los lazos afectivos,

políticos, económicos y sociales que nos unen a catalanes y al resto de los españoles. Por ello

lamento profundamente iniciativas que fracturan a la sociedad, alientan la división y generan

profundas incertidumbres a la ciudadanía en un tiempo necesitado de certezas.

Voy a dedicar todo mi esfuerzo para que los catalanes que siempre han sido una parte

fundamental y querida de España no se vean perjudicados por las consecuencias de esa

iniciativa.

Recuerdo el respeto que todos debemos a la ley y especialmente quienes tenemos

responsabilidades de Gobierno. Por eso, antes que se formalice esta propuesta y se intente

abrir un proceso manifiestamente contrario a la Constitución y a los derechos de los

españoles, apelo a la responsabilidad del presidente de la Generalitat y al compromiso político

por él asumido de no violentar las leyes".

El presidente del Gobierno ha explicado después que en el rechazo a la iniciativa impulsada

desde Cataluña está "totalmente de acuerdo" con la postura del líder de la oposición, Alfredo

Pérez Rubalcaba, quien también ha rechazado lo que ha denominado un "un referéndum de

autodeterminación". Rajoy, sobre el simposio España contra Cataluña: "No es cierto que en el

resto de España no se quiera a Cataluña".

Por su lado, Van Rompuy ha recordado que si una parte de un territorio de un Estado miembro

deja de ser parte de ese Estado, quedará fuera de la Unió Europea, y "dejan de aplicarse los

tratados".

Articulo 5

Michelle Bachelet, presidenta electa de Chile tras una amplia victoria

La socialista tendrá que reducir la gran brecha social en condiciones de

salud, educación y participación laboral femenina

Francisco Peregil Santiago de Chile 16 DIC 2013 ‐ 00:00 CET 413

Ganó la favorita. La socialista Michelle Bachelet, pediatra de 62 años, separada y con tres

hijos, presidenta de Chile entre 2006 y 2010, volverá a pisar nuevamente el Palacio de la

Moneda como jefa de Estado. Y lo hará con el honor de haber vencido con el porcentaje de

votos más alto cosechado por ningún presidente desde el retorno de la democracia. La hija del

general Alberto Bachelet, muerto después de ser torturado bajo el régimen de Augusto

Pinochet (1973-90), candidata de la formación de centroizquierda Nueva Mayoría, se impuso

a la economista conservadora de 60 años Evelyn Matthei, hija del general pinochetista

Fernando Matthei, con el 62% de los votos frente al 38%, con el 99,97% de las mesas

escrutadas

La victoria quedó deslucida por el gran nivel de abstención que se registró en las primeras

elecciones presidenciales celebradas bajo la ley del voto voluntario. La abstención se situó en

el 58%, ocho puntos por encima de la ya de por sí alta abstención que se registró en la primera

vuelta del 17 de noviembre

Tal como determina la Constitución, Bachelet no asumirá el mando hasta el 11 de marzo,

cuando preste juramento. A partir de entonces deberá afrontar el gran reto de la lucha contra la

desigualdad. Durante los 20 años en que gobernó el centroizquierda y los cuatro de la derecha,

todos los presidentes incumplieron la promesa de reformar el sistema educativo, la gran

fábrica de las desigualdades. Pero en 2011 los estudiantes salieron a la calle y desde entonces

la calle no ha cesado de expresar su indignación. Ahora, será la calle quien examine a

Bachelet.

La imagen que muchos chilenos tienen de sí mismos en América Latina es la del mejor

alumno, el chico obediente que se esfuerza por sacar las mejores notas. Solo hay que ver la

forma en que la gran compañía aérea del país, Lan, organiza las colas en los aeropuertos para

percatarse de que durante los últimos años muchas cosas se han hecho de forma ordenada y

meticulosa. Los pasajeros de las filas 1 a 8 guardan una cola y los de la 8 a la 14 otra. Nadie

se cuela. No hay más que ver ese gran monumento al capitalismo que es el centro comercial

Costanera Center, en Santiago de Chile, para asumir que en el país se está moviendo dinero.

Con sus seis pisos y 60 restaurantes, forma parte de un complejo inmobiliario que incluye el

rascacielos más alto de Latinoamérica: 300 metros con 60 pisos y 24 ascensores donde se

viaja a 6,6 metros por segundo. De alguna forma tenía que notarse que el PIB creció desde

2010 a un ritmo del 5,5%, un punto por delante de la media de América Latina y que el paro

es solo del 5,7%.

Pero los 300 metros de la Gran Torre Santiago no pueden ocultar la estafa de un sistema

donde solo los más ricos consiguen una educación lo suficientemente buena para superar las

pruebas de ingreso en las dos grandes universidades públicas (que, por cierto, también hay

que pagar). El resto de chilenos se ve obligado a endeudarse para estudiar en universidades

privadas, la mayoría con un pésimo nivel docente, y sus diplomas de licenciatura no tienen

ningún prestigio. Es como si el mejor alumno hubiese ido pasando de curso, año tras año, sin

aprender a dividir. Sin mostrar el interés necesario por conseguir un mejor reparto de la

riqueza.

El economista de la Fundación Sol Marcos Kremerman aporta varios datos: “El 5% más rico

de la población gana 257 veces más que el 5% más pobre. Un estudio de comienzos de 2013

hecho por la Universidad de Chile demuestra que el 1% de los más ricos concentra el 31% de

los ingresos. En Estados Unidos el 1% se queda con el 21%, en Alemania es el 12%. Y el

lugar donde más se percibe la desigualdad es en el trabajo: el 50% de los trabajadores gana

menos de 251.000 pesos chilenos (345 euros). La brecha entre un gerente general y el

trabajador que menos gana supera las cien veces. Esto tiene que ver con las instituciones que

existen en Chile, que fueron creadas durante la dictadura”.

La activista chilena de 46 años Roxana Miranda se postuló a las presidenciales en primera

vuelta con un partido que se llama precisamente Igualdad. Durante un debate televisado

preguntó a los otros candidatos si sabían cómo se arreglan los dientes las mujeres de su

municipio, la Comuna de San Bernardo, en la periferia de Santiago de Chile. Sorprendió a

muchos chilenos saber que esas mujeres se lo arreglan con la gotita, un pegamento hecho del

clavo que se usa para condimentar la comida, porque no tiene dinero para ir al dentista. Varias

asociaciones de odontólogos refrendaron las palabras de Miranda.

“En la vida diaria hay que pedir siempre fiado, no te alcanza para pagar la luz y el agua”,

explica Miranda. “Tenemos que decidir entre los hijos cuál tiene mejor cabeza y así

apostamos por la educación de uno. A la gente la han endeudado con los créditos hipotecarios.

Los bancos han hecho negocio hasta con la vivienda social. Hay pisos de 36 metros cuadrados

que se están pagando a 20 y 30 años con tasas de interés del 12% y hasta el 16%”.

Y sin embargo, los grandes centros comerciales como el Costanera Center siempre están

repletos. “Porque la gente pasa sus depresiones en el mall, hace su vida endeudándose. Porque

todas estas desigualdades te las intentan disfrazar con un televisor de plasma. Pero un mall no

se puede llenar con un país entero. Hay millones de gente que solo tratan de sobrevivir, de

llegar a fin de mes”.

Además de todas las promesas contraídas, la nueva presidenta tendrá que ir abonando otra

antigua deuda con su propio género. A pesar de que las dos candidatas presidenciales son

mujeres, Chile es uno de los países con mayor discriminación laboral por cuestión de sexo.

Las mujeres cobran un 30% menos que los hombres. La organización Comunidad Mujer

asegura que solo el 3% de los directores de empresa en Chile son mujeres. Quedan cuatro

años por delante. Y mucho trabajo por hacer.

Articulo 6

Díaz Yanes: “La idea del gratis total es invencible”

El cineasta ha participado en el V Foro de Industrias Culturales organizado

por las Fundaciones Santillana y Alternativas

Rosario G. Gómez Madrid 13 NOV 2013 ‐ 09:21 CET

En la era de Internet, la convivencia entre la cultura de lo gratuito y los derechos de autor se

ha convertido en una relación tortuosa. Sobre todo en España. El auge de la piratería ha hecho

que el pesimismo cunda entre los creadores, que miran con envidia a Francia y a sus políticas

de protección de la industria cultural. Uno de ellos, el cineasta Agustín Díaz Yanes, según el

cual hoy por hoy “la ideal gratis total es invencible”, en parte por la “absoluta dejación” de las

Administraciones, ya que ningún Gobierno –“el actual tampoco”- se ha preocupado por

aplicar la ley.

Díaz Yanes ha participado este martes en el V Foro de Industrias Culturales organizado por la

Fundación Santillana y la Fundación Alternativas, en el que se ha debatido durante toda la

jornada sobre la confrontación entre la visión que del mundo online globalizado tienen los

apocalípticos, por un lado, y los integrados digitales, por otro. El cineasta ha considerado

“naif” esa idea tan extendida de que la cultura es un bien común. “Es un argumento fácil.

También la industria farmacéutica o la alimentaria podría serlo”, ha dicho. Y ha argumentado

que los derechos de autor son una barrera contra la injusticia: preserva, por ejemplo, que un

guionista pueda recibir una parte del retorno económico de una película de éxito.

El director de propiedad intelectual del Grupo PRISA, José Manuel Bravo, ha recordado que

los derechos de autor son una conquista gracias a la perseverancia de escritores como Dickens

o Víctor Hugo y ha planteado que el mundo digital tiene que haber una convergencia entre la

distribución electrónica de las obras (un libro, una película, una canción) y la remuneración al

autor.

De ese binomio gratis total/piratería, los expertos creen que en realidad los únicos que han

salido beneficiados son los operadores de telecomunicaciones. “La industria de las

tecnologías y de las telecomunicaciones han creado un negocio basado en la descarga de los

contenidos, sean legales o ilegales”, ha expuesto Bravo.

Además del creador, la cultura tiene un segundo protagonista: el público. Rubén Caravaca,

facilitador y comunicador cultural, ha reivindicado las propuestas minoritarias e

independientes al tiempo que subrayaba la diferencia entre la cultura libre y la cultura gratuita

y reclamaba que las obras lleven diferentes licencias para la explotación de los derechos.

Caravaca ha defendido otras formas de acceso a la cultura. Ha puesto como ejemplo el caso

de músicos que dan conciertos gratuitos, aunque eso no signifique que no cobren. Ha

recordado el caso de un grupo que con las aportaciones voluntarias del público que acudió a

un concierto en el que no se cobraba entrada recaudaron 8.000 euros.

Pero si hay problema que tiene en pie de guerra a los creadores es el de la piratería. Alejandro

Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), ha insistido en

que la gratuidad no ha aparecido por generación espontánea. “Hay una estrategia por parte de

quienes ponen a disposición en la web contenidos gratuitos pensando que luego tendrán

retorno. Y esto ha provocado una inercia que ahora es difícil de cambiar”. Y ha insistido en

que desde el punto de vista del ciudadano lo gratuito no existe. En vez de pagar de forma

directa paga por otra vía. "Pagamos al formar parte de una base de datos para la distribución

de todo tupo de productos que se venden a través de la Red”.

También creen los creadores que la cultura tiene que aclimatarse a las nuevas tecnologías.

Stéphane Grueso, director y productor de documentales y no ficción, ha sostenido que es

necesaria una reconversión y aprender a convivir con nuevos instrumentos. Y esa

reconversión, ha propuesto, debería afectar igualmente a la manera en la que se distribuyen

los derechos de autor. Grueso ha criticado que el 1,73% de los socios de la SGAE acaparen en

75% de los ingresos, según los datos que ha facilitado. Para Carlos Garriga, director de

GGCOM, uno de los principales problemas de Internet es que ha agrupado en un mismo canal

la creación profesional y amateur “y eso ha complicado las cosas” a la hora de cobrar por los

contenidos. Pero con todo, cree que el punto de partida es la libertad y el derecho del autor

para decidir en qué condiciones quiere explotar su obra: desde lo que quiere cobrar por ella

hasta si quiere regalarla.

Si hay un punto en el que cunde la unanimidad es en la decepcionante respuesta de la

legislación para adaptarse al nuevo ecosistema cultural. “La ley siempre va mucho más

despacio que la realidad”, ha explicado Garriga. Con su innato pesimismo Díaz Yanes ha

sentenciado que en España nunca se va a resolver el problema de que la cultura es gratis total.